Las turbulentas aguas del estrecho de Florida

 

4 de julio en la casa del jefe diplomático de EE.UU. en La Habana. (Foto: Raquel Pérez)

Estados Unidos se queja porque el sistema bancario de Cuba no es trasparente y eso habría permitido que unos cubanos -refugiados de "la persecución comunista"- estafen al sistema de salud y saquen el dinero a través de un banco extranjero que también opera en la isla.

Es sorprendente que Washington le pida a Cuba trasparencia bancaria a pocos días de sancionar a un banco holandés por hacer negocios con La Habana. Antes ya habían castigado a otro suizo y, si no recuerdo mal, también a uno de la lejana Australia.

Pero parece que andar persiguiendo los negocios de la isla por todo el mundo los agota y quieren simplificar las cosas: el Banco Central de Cuba debe trasparentar todas sus actividades para que a ellos les resulte más sencillo castigar a los socios financieros de la isla.

Mal vista esa propuesta de trasparencia bancaria puede parecer hasta tonta, sin embargo, vista desde el optimismo -mucho optimismo- podría ser el primer paso hacia un acuerdo de colaboración bilateral en la lucha contra el lavado de dinero.

Campesino cubano en plena faena. (Foto: Raquel Pérez)

Es comprensible que los comunistas intenten potenciar la propiedad social sobre la privada dado que esa es la esencia de su ideología.

Sin embargo, no es menos cierto que los manuales de marxismo aseguran que la práctica es el criterio de la verdad.

Puede el Estado cubano seguir haciendo esfuerzos para que sobrevivan algunas granjas estatales, pero la terca realidad demuestra que representan el modelo agrícola más improductivo que hay en la isla, tal y como reflejan las propias estadísticas oficiales.

Funcionaria de la compañía telefónica cubana. (Foto: Raquel Pérez)

Cuba necesita transformar la burocracia en funcionariado, me dijo un especialista español en temas de administración pública. De inmediato nos trenzamos en una larga conversación respecto a cuáles podrían ser las claves para ese proceso.

Afirma que la administración pública cubana debe sustituir "la legitimidad" que una vez le dio su vínculo a la revolución por "la legitimidad de la población, para lo cual el funcionariado tiene que entender que está al servicio de la ciudadanía".

Sin embargo, asegura que tanto la experiencia de España como la de otros países demuestran que es inútil "esperar que el funcionario reduzca su discrecionalidad, o sea su potestad para decidir sobre el ciudadano. Nadie lo hace por propia voluntad".